El poder económico de la FANB

Como parte de la defensa de la soberanía los militares tienen que participar de forma activa en el desarrollo nacional. Esta premisa quedó registrada en la Constitución de 1999 promovida por Hugo Chávez y con esto cambió el rol de la Fuerza Armada, lo que ha permitido que a lo largo de 22 años los oficiales ocupen altos cargos en la administración pública y extiendan su poder dentro de la economía.

Los gobiernos de Chávez y luego de su sucesor, Nicolás Maduro, han dado un amplio poder económico a los oficiales, quienes han sido ministros, así como presidentes de empresas y corporaciones, pero también al recibir facilidades para crear su propio conglomerado de industrias en diversas áreas.

“Antes de convertirse en presidente, Hugo Chávez había expresado la idea de transformar a la institución castrense en una ‘fuerza armada al servicio del pueblo’. Una vez asumida la presidencia en febrero de 1999, Chávez se abocó a demoler la antigua estructura militar para construir una nueva acoplada a su proyecto político”, señala un informe de la asociación civil Control Ciudadano sobre la estructura de la Fuerza Armada Nacional de 2016.

Ese ajuste -destaca el reporte- comenzó con la incorporación de “decenas de militares, activos y retirados, al gabinete ejecutivo y otros cargos en la  administración pública, dándole al gobierno de Chávez un corte militarista. Esa práctica fue una constante durante su permanencia en el poder y la ha continuado Nicolás Maduro, acentuándola”.

Los ministros uniformados

En los gobiernos de Chávez y Maduro unos 118 funcionarios han ocupado los cargos de ministros en las áreas de economía e infraestructura, y un tercio de ellos han sido militares.

Cuando Chávez llegó a la presidencia en febrero de 1999 su gabinete estuvo integrado por civiles, pero a los meses de estar en el poder comenzaron los giros. El despacho de Infraestructura, uno de los primeros en cambiar, empezó a ser encabezado por oficiales, pero en 2003 fue cuando ocurrió la mayor transformación del gabinete económico.

Después del golpe de Estado de abril de 2002 y de los paros de fines de ese año e inicios de 2003, Chávez buscó formas de garantizarse lealtades dentro de la Fuerza Armada para evitar que se repitieran esos episodios, al tiempo que ese quiebre le permitió avanzar en su ideal de aumentar el peso del Estado en la economía mediante controles de precios y de cambio, nacionalizaciones de industrias y la creación de un tejido de empresas socialistas. Un modelo que entonces fue soportado por los altos ingresos petroleros.

En 2004 Chávez arrancó un plan denominado “nueva etapa”, cuya presentación la realizó en las instalaciones de Fuerte Tiuna, donde anunció la “unión cívico-militar” que después se reflejaría en la estructura tanto de la Fuerza Armada como de la administración pública.

Uno de los despachos creados en el primer quinquenio de Chávez fue el de Alimentación; que en 19 años, y con excepción de unos meses en 2006, ha estado a cargo de militares, un patrón que se ha repetido en la cartera de Infraestructura, hoy Obras Públicas, así como en Vivienda.

El peso de los militares por momentos ha estado en las áreas de agricultura, pesca, industria, electricidad, finanzas y petróleo. Algunas figuras como Carlos Osorio, Félix Osorio, Wilmar Castro, Rodolfo Marco Torres y Manuel Quevedo han sido recurrentes en el gabinete económico en 19 años.

Entes y empresas clave

La presencia de militares se ha extendido a las empresas estatales, corporaciones y entes clave, especialmente a aquellos vinculados con el manejo de dinero y de las importaciones de bienes.

“La esfera militar alcanza todos los estratos del aparato administrativo venezolano, en lo que se puede definir como la colonización militar de la administración pública (…) Un sector en el que la influencia es muy decisiva pero no tan evidente, es el de las empresas de propiedad del Estado, muchas de las cuales se encuentran controladas o están bajo influencia de importantes funcionarios del mundo militar”,  señala Transparencia Venezuela en el informe “Los militares y su rol en las empresas Propiedad del del Estado”.

Bajo el modelo de severas regulaciones, Chávez y luego Maduro crearon instancias para aprobar las asignaciones de divisas preferenciales y las importaciones de rubros básicos como Cadivi (ahora Cencoex), Cuspal (antes CASA), y Corporvex. Las cabezas de esos organismos por años han sido militares, cuyo dominio coincidió con las etapas de altos ingresos petroleros.

Solo en el período en que los uniformados estuvieron en Cadivi, de 2003 a 2012, las autorizaciones de dólares para compras externas superaron los 160 millardos de dólares, y más de un tercio de esas importaciones fueron ficticias, de acuerdo con reportes de firmas económicas. Desde 2013 los funcionarios a cargo de Cencoex han sido civiles.

Situación similar se registró con Corpovex que, al constituirse en 2013, estuvo a cargo de uniformados hasta 2018 cuando ingresaron civiles vinculados con Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, vicepresidente de Economía y vicepresidenta ejecutiva, respectivamente.

Cuspal, antes CASA, es la empresa adscrita al Ministerio de Alimentación para las importaciones y distribución de alimentos que desde su inicio ha sido presidida por militares, con la excepción de 2019 y 2020. Esa instancia llegó a efectuar importaciones de comida por uno 26 millardos de dólares, de acuerdo con datos oficiales de 2003 a 2015, última cifra divulgada por el despacho de Alimentación. El control militar en materia de alimentos más tarde se fortaleció con la Gran Misión Abastecimiento Soberano de 2016, cuyas áreas fueron todas lideradas por uniformados.

El manejo de los puertos, así como de los entes encargados de los ingresos tributarios y la distribución del gasto público, han contado con elevada participación de oficiales.

La presencia militar también llegó a empresas como la CVG y PDVSA. En las empresas básicas de Guayana los oficiales tuvieron el control durante 13 años, y en la industria petrolera estuvieron por al menos dos años, etapa en la que se recrudeció la caída de la producción de crudo al estar por debajo del millón de barriles de diarios.

La presencia de uniformados ha sido una constante en varias empresas de alimentos, transporte, construcción, telecomunicaciones, y bancos estatales.

El holding FANB

La participación de uniformados en la economía creció cuando el Gobierno le permitió a la Fuerza Armada tener su conglomerado industrial. Y el inicio de ese “holding” en parte obedeció a las instrucciones de Chávez, que en la presentación del citado plan nueva etapa en 2004, instó a los oficiales a tener su propio músculo financiero al proponerles crear un banco, que años después se concretó.

Entre 1956 y 1998 la actividad empresarial de la Fuerza Armada estaba centrada en la importación y fabricación de municiones y equipos por medio de Cavim, el manejo de una aseguradora y dos empresas de servicios. Durante la administración Chávez se crearon una constructora y una ensambladora de vehículos blindados; pero en la era Maduro el número de industrias creció, lo que analistas han atribuido al intento de mantener la lealtad.

Con el gobierno de Maduro incluso se planteó una zona económica militar que luego dio paso al Motor Industrial Militar que ha permitido a las empresas de la FANB buscar alianzas y apoyos de privados.

Desde 2013 hasta 2020, y con Carmen Meléndez y Vladimir Padrino al mando del despacho de la Defensa, se constituyeron 11 compañías militares en las áreas de alimentación, industria, petróleo y minería, banca, comunicaciones, construcción, transporte, logística y servicios con lo cual el poderío económico de la FANB asciende en total a 19 empresas, más un fondo de financiamiento.

En unos lineamientos que el Ministerio de la Defensa divulgó en un documento de 2017, Padrino López dijo que era necesario impulsar el motor militar y ordenaba a las empresas “aumentar su productividad y eficiencia”.

El poder empresarial ha crecido, y más allá de las industrias adscritas al Ministerio de la Defensa, el Ejército y la Guardia Nacional, también tienen sus propias empresas.

El Ejército cuenta con compañías en las áreas de alimentos, transporte y servicios de logística, principalmente para las aduanas. La Guardia Nacional tiene empresas de transporte y alimentos, incluso procesan una harina de maíz precocida que es distribuida en los programas de comida de ministerios y organismos adscritos.

El motor militar va cambiando y desde hace algunos meses el gobierno de Maduro autorizó zonas especiales mediante decretos. Así, el pasado año aprobó una zona militar para el desarrollo forestal y minería en Amazonas y este año autorizó otra zona económica en Aragua, donde plantean asociaciones estratégicas con capital privado local y extranjero, incentivos fiscales y el establecimiento de empresas.